COVID-19

A continuación, expongo un resumen de las nuevas medidas que afectan a los alquileres de vivienda habitual, cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad:

1º.- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional durante un máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de este Decreto; (esto ya estaba funcionando, aunque sin plazo concreto…).

2º.- Prórroga extraordinaria de los contratos de vivienda habitual que finalicen desde la entrada en vigor de este Decreto hasta transcurridos 2 meses desde el fin del estado de alarma. En este caso el arrendatario puede pedir al arrendador una prórroga extraordinaria de hasta 6 meses, pero debe ser aceptada por el arrendador.

3º.- Moratoria en el pago de rentas a favor de inquilinos. En este caso hay que distinguir 2 supuestos:

  1. Cuando el arrendador sea empresa, entidad pública o grandes tenedores (con más de 6 inmuebles urbanos): El arrendador estará obligado a aceptar, si lo solicita el arrendatario y reúne las condiciones, una reducción del 50% de la renta por el tiempo del estado de alarma y los meses siguientes hasta un máximo de 4 meses, o bien la moratoria en el pago de rentas, que luego le serán devueltas sin intereses en el plazo máximo de 3 años desde que finalice la moratoria. Esto debe solicitarlo el arrendatario en el plazo de 1 mes desde el Decreto y contestar el arrendador en el plazo de 7 días.
  2. Cuando el arrendador sea persona física y no sea gran tenedor, el arrendatario vulnerable también puede solicitar en el plazo de 1 mes moratoria o condonación. En este caso deberá responder si acepta o no en el plazo de 7 días, y tratar de llegar a algún acuerdo o solución, pero EL ARRENDADOR NO ESTA OBLIGADO A ACEPTAR NINGÚN ACUERDO, y podrá exigir el pago de las rentas por las vías legales que corresponda.

Mientras dure el estado de alarma no se puede presentar en el Juzgado ninguna demanda de desahucio ni de reclamación de rentas. En este caso se ponen a disposición del arrendatario líneas de crédito con avales ICO con condiciones especiales para que pueda afrontar el pago de las rentas, o ayudas para el alquiler, que gestionará cada Comunidad Autónoma.

(Arts. 9 y 10 del Decreto).

Antonio Vargas Vilardosa

Abogado/Lawyer